Condenada la Xunta de Galicia por negligencia educativa.

Condenada la Xunta de Galicia por negligencia educativa.

El pasado 19 de octubre nos notificaron la sentencia.

Ya es firme ¿Estamos contentos? NO ¿Es una resolución importante?: SIN DUDA ¿Puede marcar un antes y después para las personas con diversidad funcional en España? Definitivamente SÍ.

No nos parece que pueda hacerse una valoración positiva, ni que se pueda considerar que se ha hecho justicia (a pesar de haber reconocido el Tribunal Superior de Justicia la NEGLIGENCIA), cuando el que un niño se incorpore a un curso escolar y las condiciones de incorporación al mismo sean de suficiente calibre como para producir un deterioro inmediato y más que considerable en su estado general y que, (a pesar de informes de los propios especialistas de la administración en los que se deja muy claro el foco del problema) la respuesta por parte de la administración ni es inmediata, ni garantiza la integridad del niño ni sus derechos.

Si yo viviese en Andalucía habría tenido que “comprar” un acompañante para el colegio para mi hijo “voluntario” por el módico precio de unos 300 euros al mes (mínimo).

En 4 años me hubiese gastado un mínimo de 12.000 euros en un simple acompañamiento educativo para tapar las deficiencias de la intervención educativa que facilita la administración, pero como vivo en Galicia, y no tengo un cargo político, ni siquiera tengo derecho a “comprar” ese acompañamiento educativo.

Pero…una alternativa más digna existe: invertir en DERECHOS HUMANOS, y eso es lo que hicimos: desde la conciencia y convencimiento de nuestra dis-ciudadanía, invertir en un equipo de profesionales que nos permitiese exigir un trato digno para nuestro hijo, ya que, por desgracia fue imposible obtener una respuesta que se pudiese considerar ni siquiera humanitaria por parte de la administración educativa.

No es solo una cuestión de dignidad,  de tener asumido lo impresentable que en este país tener que acudir a los tribunales a defender el respeto a la dignidad y a la integridad de tu hijo. Hay padres que invierten en un máster a nosotros nos toca invertir en dignidad y derechos humanos.

¿Volveríamos a hacerlo?

 

Sin duda Sí. Daríamos todo porque el niño no hubiese pasado por lo que pasó, pero sin dura volveríamos a pasar por todo el proceso judicial, entre otras cosas porque el acudir a los Tribunales ha supuesto garantizar el entorno social y educativo de Arturo posibilitando así que haya podido recuperarse de una situación traumática que nunca debió sufrir. En definitiva, hemos “comprado” 4 años de tranquilidad educativa.

Convención de Derechos Humanos

Y es que parece que, si bien no queda claro (o sí) el carácter vinculante de la Convención de Derechos Humanos a la hora de legislar, menos claro queda aún, o menos vinculados se consideran, a la hora de tomar distintas decisiones propias de la “gestión del día a día” de una consejería de educación.

En este país se firma una Convención de DH, con la correspondiente ley de armonización de la legislación nacional y posponemos sine die la armonización y adaptación de legislaciones tan poco importantes como educación y sanidad. Y son poco significativas e importantes desde el momento en que el señor ministro del ramo que ejercía (o al menos al despacho iba) cuando se ratificó la Convención nos dice en el Congreso de los Diputados que eso de la inclusión hay que demostrarlo.

Segregación y exclusión escolar

Otra constante, ( no es que me empeñe, pero en estos tiempos tan convulsos políticamente resulta que sí que la #marcaespaña sí existe) es que parecen ser “muy normales” las propuestas de segregación y exclusión escolar de niños con diversidad funcional o bien cuando los niños “no tragan” y empiezan a mostrar signos de disconformidad ante las situaciones escolares o bien las listas de espera aprietan para incorporar niños a aulas específicas presuntamente inclusivas y urge aligerar plazas para los “nuevos” y enviamos “específico” a los menos funcionales o a los mayores.

Los alumnos desaparecen de la escolarización ordinaria: no se mueren ni se vuelven “más tontos”: simplemente se les expulsa del sistema.

¿Es un problema o una guerra docentes- familias diversas? Definitivamente NO.

Es un problema político

Es un problema básicamente POLÍTICO. Mientras el respeto a la dignidad, a las adaptaciones y ajustes razonables de los alumnos con diversidad funcional no sea una prioridad política a nivel nacional, no esté en la mesa del Presidente del gobierno y de los Presidentes de las comunidades autónomas, seguiremos igual.
No se trata ni de recursos, ni de formación del profesorado ni siquiera de presupuestos.

Es algo más grave: se trata de falta de compromiso político con los Derechos Humanos de todos los alumnos, y el compromiso político (o su falta) se traduce en algo tan efectivo como instrucciones directas a las distintas Inspecciones educativas sobre el respeto a la dignidad y a los derechos de todos los alumnos.
Es hacer política y gestionar los servicios públicos desde posiciones ideológicas profundamente discafóbicas…

Desde luego nunca vamos a superar planteamientos y convenciones sociales retrógradas y discriminadoras si seguimos legislando y gestionando lo público desde el más rancio clasismo capacitista.

Porque cuando se quiere, se puede, voy a poner un ejemplo: recientemente el Ministerio de educación activó un procedimiento a través de la Alta Inspección educativa para investigar la situación de los alumnos hijos de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en Cataluña.

Sin entrar a valorar el fondo del asunto y sin hacer ningún tipo de valoración política sobre la conveniencia de esta medida, ni sobre la actual situación política…yo me preguntó por qué sí hay competencias políticas para un determinado grupo de alumnos, y no existen para garantizar el derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades de alumnos con diversidad funcional.

Y puedo decir que la Alta Inspección educativa, y por consiguiente el Ministerio de Educación español, se desentiende de algo tan “baladí” como la vulneración sistemática de los Derechos Humanos de los alumnos con diversidad funcional, porque tengo por escrito en mi casa la contestación en la que me comunican que carecen de competencias para actuar sobre las condiciones de escolarización de los alumnos.

Deterioro de la calidad educativa

Es indiscutible el deterioro de la calidad educativa en la última década en este país. No solo en relación al % de inversión en relación al PIB, sino en relación a las prioridades financieras e ideológicas en la política educativa en este país. Si la situación en general es mala, es nefasta para los más vulnerables: los alumnos con diversidad funcional.

Hay poco que discutir a este respecto: ni siquiera tienen derecho a titular en igualdad de oportunidades, cae el número de docentes especialistas, se «normaliza» que se sustituya la intervención educativa por la dotación de cuidadores o acompañantes sin función docente, (llegando a  que se «concierte», como ya está pasando, que esos cuidadores los paguen los padres) y por supuesto se trasvasa de manera continuada a alumnos a centros de educación espacial. Este trasvase de los niños que «deterioran» la calidad educativa se hace en dos fases: o bien se les escolariza en aulas específicas (específicamente diseñadas para parecer inclusivas) o se les deriva a centros educación espacial y en ambos casos, se hace coartando la patria potestad de los propios progenitores.

Si en 2010, en el anterior intento de Pacto Educativo de Estado, la situación era mala, ahora no tenemos ni situación sino un agujero negro.

Invisibilización

En este contexto, sufrimos un brote de pedagogías inclusivas que no llego a comprender: lo reconozco. No entiendo cómo podemos hablar ni de innovación educativa, ni de inclusión, ni de cambios de paradigmas y o modelos educativos invisibilizando la realidad de los alumnos a los supuestamente queremos incluir y obviando la realidad educativa de este país.

Es tanto como pretender educar o cambiar las dinámicas sociales que perpetúan la violencia machista invisibilizando la realidad social: la violencia machista mata. De lo que, convenientemente, no existe conciencia social es sobre las consecuencias de la segregación y exclusión escolar (en España sigue siendo forzosa) de alumnos por razón de diversidad funcional, y no solo eso sino que a las víctimas se las deja solas. ¿Por qué no existe esa conciencia o ese conocimiento social de realidad? ¿Cuál es el interés en que la educación de alumnos (que por su condición personal son especialmente vulnerables) no sea una cuestión de derecho, sino de buenismo?

No solo se invisibiliza y aisla socialmente a los niños víctimas de situaciones discriminatorias o negligentes y a sus familias, sino que «el sistema» (que no es un ente, sino personas, cargos políticos, docentes, inspectores, familias) se convierte en un rodillo que intenta pulverizar a la familia diversa díscola que osa exigir un trato digno para su hijo.

Esa misma invisibilización  y segregación social de los niños objeto de acoso institucional por denegación de ajustes razonables se produce cuando hablamos de inclusión, de principios, metodologías o buenas prácticas y obviamos convenientemente visibilizar la realidad de muchos niños que están en las aulas.

Los niños con autismo sufren un % alto de acoso escolar ( el 50% según se estima) ¿ cuánto de ese acoso tiene como origen la falta o denegación de ajustes razonables y adaptaciones en los colegios?.

El papel de las organizaciones del tercer sector

Como ya he expuesto existe un auge de conferencias, acciones de sensibilización o formación “inclusivas”
Podemos estar de acuerdo todos en la necesidad de difundir principios o metodologías de intervención inclusivas, sin embargo cuando esta difusión o este impulso público se realiza obviando la realidad política, presupuestaria, legislativa y las condiciones en las que están los alumnos dentro de las aulas, no alcanzo a comprender la finalidad de la misma, desde luego se realiza de espaldas a la realidad de los niños con diversidad funcional en las aulas y de sus familias. No es ni más ni menos que una retroalimentación de “soluciones- inclusivas” que en muchas ocasiones se convierten en fuente de financiación de las propias asociaciones.
Personalmente me llama la atención, que de forma paralela a la publicación de la sentencia de mi hijo el CERMI anuncie un convenio con la Fiscalía General del Estado.
En este convenio, entre otras cuestiones, se comprometen a la comunicación e información sobre casos con vulneraciones flagrantes de derechos a la fiscalía general del Estado. He de decir que estoy estupefacta, pues el soporte que presta CERMI a las personas con diversidad funcional que se ven abocadas a acudir a los tribunales por cuestiones educativas o de otra índole es un archivo PDF de autodefensa, archivo financiado con dinero público y que nos cuesta anualmente 90 mil euros.

Las fiscalías de menores

Para finalizar este repaso a la situación general del país, me gustaría terminar haciendo un apunte sobre el papel de las Fiscalías de Menores. No solo de la actuación en el caso de mi hijo, sino de la actuación en distintos procedimientos, es una constante su desvinculación de la protección y defensa de los derechos de los niños con diversidad funcional.

A las familias, cuando acudimos a Fiscalía a solicitar amparo, se nos dice que la fiscalía solo interviene en casos de menores delincuentes. En el caso de mi hijo, se nos instó a su desescolarización bajo promesa de no denunciarnos por absentismo escolar y abandono de familia. Solicitamos un expediente de protección del menor, expediente que nunca se llegó a tramitar, ni a notificárnoslo.

Cuando llegamos al procedimiento judicial que toda la intervención del ministerio fiscal consistió en solicitar un informe al centro escolar (en el que el colegio reconoce que hay problemas pero que están intentando arreglarlos) y posteriormente (con un parte médico de desescolarización de mi hijo encima de la mesa, con una autolesión muy grave de por medio) pone por escrito que la discrepancia se circunscribe al cambio de un docente y que no son competentes.

Es una constante, en el caso de que lleguen a intervenir, echar “balones fuera” no escuchar ni evaluar la situación del menor y por supuesto no reconocer ni tomar ninguna medida de protección del niño.

Se llegan a justificar huelgas contra menores con diversidad funcional, por no apreciar lesión en la integridad moral del niño con diversidad funcional y prevalecer el derecho de manifestación de los otros padres.

Constituye, por tanto, en vez de una garantía para la protección y defensa de los intereses del niño, un lastre: la realidad es que si acudes previamente a fiscalía de menores antes de iniciar un procedimiento judicial inicias el procedimiento con el hándicap de un pronunciamiento deficitario por parte de fiscalía de menores, lo que restringe y mucho las posibilidades de defensa de los derechos del niño en procedimientos por vulneración de derechos fundamentales o penales.

Un breve análisis del contexto del procedimiento judicial y de la Sentencia.

¿Por qué nos decidimos por reclamar responsabilidad civil a la administración?

Tuvimos en cuenta sobre todo la Sentencia del Tribunal Constitucional. Teniendo en cuenta que era un caso de eliminación de adaptaciones y ajustes previamente reconocidos nos parecía un riesgo procesalmente inasumible acudir a la vía de vulneración de Derechos Fundamentales cuando el Tribunal Constitucional sentencia que la administración no tiene que justificar porqué a un menor no se le pueden facilitar ajustes razonables en un centro ordinario y a mi hijo se le habían eliminado por rotación de personal educativo y por mantenimiento a lo largo del tiempo de una mala praxis.Poníamos muy fácil al Tribunal el fallar favorablemente a las condiciones de educativas a las que se estaba sometiendo al niño.

También sabíamos cuál iba a ser la defensa de administración: minusvalorar el progreso educativo de Arturo, cuestionar su derecho a la educación inclusiva, aportando (como hicieron) incluso informes que pudiesen ser constitutivos de un delito de prevaricación (afirmando tres inspectores educativos que mi hijo debía estar en un centro de educación especial, cuando, sin embargo, no realizaron el procedimiento de cambio de dictamen de escolarización).

Teníamos muy clara la especial vulnerabilidad del niño a la hora defender sus derechos ante un Tribunal por ser un menor no verbal y el riesgo de provocar como respuesta un cambio de dictamen de escolarización.

Teniendo en cuenta la documentación de que disponíamos, (podíamos acreditar tanto las condiciones educativas como el estado general del niño antes y después del inicio del curso escolar) podíamos afrontar el procedimiento con unas mínimas garantías.

Sabíamos que la sentencia debía ser favorable si conseguíamos que el TSJ entrase a valorar el fondo del asunto y asumíamos el riesgo de tener que acudir al Tribunal Supremo si no se valoraba el fondo y la sentencia no era favorable.
Igualmente, éramos conscientes de que estábamos invirtiendo tiempo y dinero en los derechos de Arturo y que el riesgo no era tanto para él por el contenido de la resolución sino para el colectivo en general, pues sabíamos que era y es difícil documentar otro caso como lo teníamos documentado.

Se realizó toda la argumentación jurídica en base a los principios y derechos reconocidos en la Convención de Derechos Humanos. Aportamos además los distintos informes y documentos elaborados por el Comité, lo que sin duda fue esclarecedor para el Tribunal en cuanto a los términos de interpretación de la Convención.

La sentencia es innovadora no solo por el planteamiento del Tribunal (que de forma lineal o sencilla considera probado que se eliminaron adaptaciones y ajustes y concluye que la actuación es negligente) sino en la ausencia de cuestionamiento del derecho o la idoneidad de la escolarización Arturo. Nos parece muy relevante el no-pronunciamiento en este sentido por parte del Tribunal dada la línea argumental de la administración, que consistió (con enseñamiento) básicamente en vejar al niño y a nosotros como familia. Es por eso que nos parece importante que el tribunal no entre a valorar la línea argumental principal de la administración de forma directa y sin embargo expresamente respalde mi labor y mi comportamiento como progenitora.

No se cuestiona el derecho a la escolarización inclusiva del niño y además reconoce el derecho y la obligación de ejercicio de la patria potestad por parte de los padres de niños con diversidad funcional (ejercicio cuestionado por la legislación y la práctica administrativa).

Por otra parte, nos parece importante señalar otros aspectos de la resolución judicial que dibujan claramente el panorama judicial de este país.

La sentencia está perfectamente calibrada para intentar minimizar las consecuencias para la administración educativa y la posible generación de un efecto llamada.

El TSJ se pronuncia sobre el fondo del asunto, y lo hace, según mi opinión, por el riesgo que suponía que viese del asunto el Tribunal Supremo (dado el calibre de la documentación presentada) pero lo hace minimizando nuestras posibilidades de recurso y sobre todo la posible generalización.

-Se reduce la calificación de maltrato a negligencia, y se hace con argumentacionesfácilmente recurribles en segunda instancia.

-El tribunal se pronuncia sobre la ausencia de “Intencionalidad” por parte del centro escolar, lo que limita las posibilidades de abrir un procedimiento penal a posteriori, y, es poco realista querer emprender un procedimiento penal por imprudencia, que en vista del pronunciamiento del tribunal sería la única posibilidad.

-Establece una indemnización a tanto alzado, aspecto no recurrible en casación ante elTribunal Supremo.

Lo que el TSJ no fue capaz de calibrar es la relevancia del reconocimiento directo de la negligencia por supresión o denegación de ajustes razonables, enmendando la plana al propio Tribunal Constitucional.

Se produce, de hecho, una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de Arturo ya que es más económico lesionar la integridad de una persona con autismo dentro del centro escolar que en la calle atropellada por un coche.

Sin embargo, en este país, a fecha de hoy no es factible acudir al Tribunal Constitucional a solicitar amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de un niño con autismo cuando no se considera un derecho fundamental la educación inclusiva, ni el TC considera discriminatorio la denegación de ajustes razonables y adaptaciones.

Siendo realistas, es una Sentencia bastante más digna y respetuosa con dos DH de Arturo de lo que podíamos esperar. Constituye una puerta abierta, cerrada por el TC, al reconocimiento efectivo del derecho a ajustes razonables y adaptaciones y no solo en Educación sino en el acceso a otros servicios públicos.

Compromiso del tercer sector

Consideramos que, si existiese compromiso por parte de CERMI y Confederaciones, podría cambiarse la realidad social, educativa, sanitaria y de servicios sociales de este país con la interposición de una docena de procedimientos que reclamasen el respeto al ejercicio del derecho a realización de adaptaciones y ajustes razonables para el disfrute de ejercicio de derechos fundamentales en igualdad de oportunidades.

La situación de los niños con TEA en este país es lo suficientemente grave como para que las Confederaciones y distintas asociaciones con capacidad de representación se planteen hacer otra cosa que usar subvenciones de 80 mil euros (como he leído en estos días) para acciones de «sensibilización» educativa. Lo siento: a nuestros hijos los están masacrando y segregando sistemáticamente. Y que nadie se lleve a engaño: el que no desaparece a lo largo de la etapa educativa desaparece al terminar ésta, pues las posibilidades formativas, de empleo y de vida independiente son nulas.

Realmente no pueden decir que no puede hacerse, ya está hecho, y lo hemos hecho solos.

Sabemos que el procedimiento no es un procedimiento técnicamente complicado, sin embargo creemos que es difícil que se generalice este resultado, primero por falta de representación y defensa por parte de las asociaciones del tercer sector con representatividad pública y política, segundo por la necesidad de documentación que permita definir la trayectoria educativa y sanitaria del niño y establecer las correspondientes relaciones de causalidad.

La realidad es que las familias estamos solas…no hay ni compromiso ni defensa de los DH (más allá de declaraciones de principios) por las organizaciones con capacidad de representación de las personas con diversidad funcional.

Hay muy pocas personas comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos de los niños con diversidad funcional en España, que además están trabajando sin medios, y asumiendo que su labor no puede abarcar la ingente cantidad de casos de niños discriminados por las administraciones educativas, y viéndose además fagotizada por los intereses político-segregacionistas del Tercer sector.

Algunas consideraciones finales.

Como hemos explicado, esta sentencia supone un reconocimiento directo al derecho de adaptaciones  y ajustes.

Su importancia radica en tres aspectos:

  • Se abre una nueva vía procesal. Es la primera vez que se condena a una administración educativa por negligencia, por eliminación de adaptaciones y sistema de comunicación aumentativo-alternativo.
  • reconocimiento del derecho a adaptaciones, (dando «la vuelta» al criterio del TC).
  • se reconoce el derecho y la obligación del ejercicio de la patria potestad por parte de los padres, (ejercicio ampliamente limitado por la práctica administrativa y la legislación de educación especial)

Fue fundamental para el procedimiento el disponer  de documentación (informes psicopedagógicos, médicos, solicitudes de información por registro, libreta viajera) que argumentase la situación educativa y de salud del niño, antes, durante y después del «incidente» escolar. Sin esta documentación no se pueden apuntalar los preceptivos informes periciales.

Quiero agradecer la preocupación por mi hijo y la colaboración del Centro ecuestre Pinteño y Fundación María José Jové, qué ante el empeoramiento tan rápido y evidente de la situación del niño a partir del inicio del curso escolar 2013-2014, facilitaron informes que permitieron documentar las condiciones en las que Arturo había participado durante ese verano en distintas actividades. Con estos informes, la documentación escolar y los informes de sus terapeutas de la asociación Dismacor, dispusimos de documentación suficiente para que nuestros peritos pudiesen elaborar unos informes periciales con los que poder argumentar la reclamación.

Si bien la respuesta y colaboración de todos los profesionales que trabajan con Arturo fuera del  centro educativo fue impecable, no podemos decir lo mismo de la comunidad educativa. No voy a hacer ninguna valoración, o no debo… Es lamentable que el minusvalorar, despreciar a un niño  con diversidad funcional, haya contribuído a que se reprodujesen en el colegio situaciones lamentables con otros menores. Realmente poco más tengo que decir, ya lo ha valorado el tribunal.

Creemos que un punto importante para el resultado, además de disponer de prueba, fue que Confederación Autismo España emitiese dos informes de Buenas Prácticas. Estos informes no sustituyen la necesidad ni la funcionalidad de los informes periciales, pero sin duda son un elemento de «auditoria» externa de la situación del niño, con el plus de la representatividad social de la Confederación.

Gracias a todas las familias que han sumado anteriormente, que han sido valientes y han ido a los Tribunales a defender la dignidad y los derechos humanos de sus hijos.

Y gracias a todas las personas que nos han ayudado y servido de aliento durante los cuatro años de procedimiento. En especial a Eva Reduello y Francisco Arjona. Daniel Comin: gracias por apostar por visibilizar en Autismo Diario la situación que estaba sufriendo mi hijo. Mónica Sumay Castañeda, Carme Fernández: Gracias por poner por encima de la in-solidaridad comunitaria la dignidad y los derechos de mi hijo. 

Y por último, he de reconocer el gran trabajo realizado por el equipo jurídico al que encomendamos el procedimiento, porque sin su implicación, (más allá del encargo profesional) estoy segura de que la sentencia no hubiese sido posible. (Abogado: Jesús Méndez Mao. Perito-psicóloga: Isabel Prego. Perito-médico: Juan Albadalejo.)

A %d blogueros les gusta esto: